ENCUENTROS EN LA ACADEMIA (159)
IGNORANTIA
IURIS NON EXCUSAT”
Forma parte de la cultura ciudadana
común la noticia de que “la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley” o,
en palabras del Código civil (art. 6) “La ignorancia de las leyes no excusa de
su cumplimiento”. Nadie puede alegar el desconocimiento de las leyes para no
cumplirlas. Como subraya la doctrina jurídica esta regla es una expresión de la
voluntad del poder político de que el cumplimiento del Derecho es exigible en
todo caso. En el Derecho romano hubo excepciones muy notables a favor de los
menores, los soldados, los campesinos y las mujeres.
Este principio básico, que fundamenta
la obligatoriedad y exigibilidad del Derecho promulgado, contrasta con la
realidad sociológica del grado real de conocimiento de las leyes que tienen los
ciudadanos. Y muy especialmente en los tiempos presentes en los que la crisis y
los cambios de programas políticos imponen unas innovaciones y modificaciones
legislativas tan extensas e intensas que incluso plantean dificultades a los expertos
y a los profesionales del Derecho para abarcarlas e interpretarlas. También el
Código civil (art. 1.7) ordena que “Los Jueces y Tribunales tienen el deber
inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose
al sistema de fuentes establecido”. Otro aforismo latino –“Iura novit curia”-
sintetiza que “el juez conoce el Derecho”.
Bastará
una simple pregunta para llegar a la convicción de que hoy mismo ningún
ciudadano conoce todo el Derecho promulgado, incluso tratándose de leyes de
materias esenciales.
Estos hechos obligan a pensar en la
necesidad de desarrollar servicios de información jurídica. Los medios de
prensa, radio y televisión dedican una atención generalmente insuficiente. Los
Colegios de Abogados, las Facultades de Derecho, las Academias de Legislación y
los Parlamentos no atienden a esa necesidad social tan acuciante.
El maestro Díez Picazo considera que la
vigencia real de las leyes necesita la “consuetudinarización” de las mismas, es
decir, que impregnen la vida cotidiana, que se implanten en la vida social. En
estos tiempos de tan masiva producción de normas, la promulgación debe
continuar con la difusión de las mismas.
Esto es otro reto para la efectividad
de la democracia. Como han señalado los analistas expertos, las tres causas de
la crisis de un sistema democrático son la liberalización de la demanda
ciudadana de prestaciones y servicios más allá de lo económicamente razonable,
el atender prioritariamente a las pretensiones de la clientela política –es decir,
a los votantes de la mayoría gobernante- y la ocultación del poder, o sea, la
falta de transparencia y de difusión de la realidad concreta de la gestión del
interés público. Si a esto se une la dificultad para conocer las nuevas leyes
vigentes el resultado sería un caos de inseguridad y de facilidad para la
corrupción.
Alfonso Pérez Moreno
Académico
de Santa Cecilia
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