ENCUENTROS EN LA ACADEMIA (210)

YIHADISMO Y LIBERTADES

La reacción yihadista contra el semanario francés Charlie Hebdo plantea el reto de armonizar la libertad de expresión del periodista con el derecho de la persona a no ser herida en sus convicciones y sentimientos. No es asunto fácil de resolver: el Derecho regula  conductas externas y suele detenerse en todo lo que afecta a la intimidad de la persona. Además, no todas las convicciones personales merecen amparo jurídico; solo pueden gozar de él las que socialmente sean estimadas dignas de recibir el apoyo del Estado. Las que no cuenten con ese asentimiento social sólo estarían protegidas por las normas de la prudencia y de la buena crianza. Digamos, de paso, que un buen nivel de caballerosidad y educación para con todos brindaría unas soluciones mucho más satisfactorias que las que pudiera aprontar el normalmente rígido mecanismo de las normas jurídicas; pero estamos muy lejos de poder fundar las relaciones humanas en esos otros modelos de conducta.

Cojamos ahora el toro por los cuernos: ¿Es la fe religiosa de las personas un valor digno de protección jurídica, hasta el punto de limitar el hoy indiscutido derecho a expresarse libremente? Es un hecho que en todos los pueblos, primitivos o evolucionados, la creencia religiosa ocupa un lugar destacado en la organización de la convivencia. Así, Eugenio D´Ors ponía los fundamentos de nuestra civilización en tres pilares: la religión judeocristiana, la filosofía griega y el derecho romano. Parece así que  la religiosidad de la persona es un bien digno de ser protegido por el Derecho.

La creencia musulmana, como cualquiera otra, en tanto no afecte a principios básicos de la convivencia del país de acogida, merece esa protección, aunque en los de origen no se reciba el mismo trato. Faltarle al respeto ha provocado una actuación criminal injustificable. Igualmente clara es la posibilidad de que el crimen se repita de mantenerse el mismo nivel de libertad de expresión; y que en previsión  de otra reacción análoga se incremente el control sobre toda la población y se multipliquen las fuerzas de seguridad, ya que la protección frente a nuevos peligros exigirá aumentar dotaciones y medios policiales. Con ello se limitaría la libertad de todos, habida cuenta de que los recursos que se destinaran a costear esos servicios no podrían utilizarse para satisfacer otras necesidades.  En definitiva, una libertad de expresión absoluta conduciría a una muy notable disminución de otras muchas libertades no menos respetables que aquella. Y es que cuando una libertad se extralimita, las demás sufren. No puede venir de aquí, por tanto, la solución del problema. Es preferible partir del derecho a no ser ofendido y reconocer a la libertad de expresión todo el margen de actuación compatible con aquel derecho.

José María García Máiquez

Socio Colaborador de la Academia